Bardem, el Vaticano y los inmigrantes ilegales

Escrito por Izaskun Bernal
viernes, 20 de junio de 2008

Evo Morales (Presidente de Bolivia), cantantes como Manu Chao o Miguel Ríos, Javier Bardem y su madre Pilar Bardem, el mismo Vaticano y la Comisión de Episcopados de la Comunidad Europea, Amnistía Internacional, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española Carlos Carnicer... ¿qué tienen todos ellos en común junto a más de 200 ONGs, un total de 44 países de África y América Latina y varios partidos políticos?
La respuesta es sencilla, todos ellos se han movilizado estas semanas ante uno de los debates políticos europeos más polémico de los últimos tiempos: la repatriación de los inmigrantes irregulares en Europa.


Paralizada durante casi tres años y en medio de fuertes presiones tanto por parte de los gobiernos en un sentido como por la sociedad civil en otro, la "Directiva de Retorno" acaba de recibir la bendición del Parlamento Europeo (PE).

Para unos, sus detractores más radicales, es la directiva de la vergüenza, supone un paso atrás en la Europa del respeto de los derechos humanos; para otros, sin embargo, es un paso firme hacia una política común de inmigración y una mejora sustancial en la legislación de muchos países europeos.

Para mí, las dos cosas: se ha alcanzado un gran acuerdo para establecer unos mínimos y unos máximos en el control de la inmigración ilegal, lo que supone un gran avance hacia una política de inmigración común -es la primera de las medidas adoptadas hacia una gestión integral europea de la inmigración-, pero al mismo tiempo, también es cierto que, en determinados aspectos, se podía haber llegado más lejos en el trato a los inmigrantes ilegales.

Se aplicará, a partir del 2010, a nacionales de países no comunitarios que se encuentran en situación ilegal en un Estado miembro garantizándoles un proceso de retorno transparente, flexible y con mínimo común de garantías judiciales en toda Europa.

Actualmente, cada Estado regula a su manera las condiciones en las que se detiene, retiene y expulsa a las personas clandestinas en su territorio. Cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos. Así, por ejemplo, en nueve países de la Unión Europea -Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Países Bajos y Suecia- no tienen establecidos tiempos de retención máximos; mientras que en España es de 40 días.
Esta nueva normativa armonizará las 27 legislaciones diferentes en esta materia, sin obligar a endurecer sus leyes a los países más avanzados, como es el caso de España, con un mayor reconocimiento de derechos y garantías para las personas en esta situación.

Los Estados fomentarán que los inmigrantes clandestinos vuelvan a sus países de forma voluntaria en un plazo establecido entre 7 y 30 días. Transcurrido este plazo, si hay riesgo fundado de fuga, la autoridad judicial podrá decidir trasladarlos a un centro de retención, donde permanecerán un período máximo de seis meses, ampliables a 12 más en caso de que la persona o el país tercero no coopere.

Es decir, se ha tomado como referencia el mayor período de retención que en la práctica ya ejercían algunos países europeos, como Alemania o Malta, de 18 meses; prohibiendo, así, la posibilidad de detención por tiempo ilimitado que existía en varios países.

Cuando una persona sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante cinco años -en España el plazo de prohibición es de entre tres y diez años-. Aunque si el inmigrante ha vuelto a su país de forma voluntaria esta prohibición no tendrá lugar.

Asimismo, los países deberán proporcionar asistencia legal gratuita a los inmigrantes ilegales sin recursos. Medida a destacar, ya que en algunos países no existe ni para sus nacionales en situaciones económicas parecidas.

Uno de los aspectos más espinosos de esta legislación es, sin lugar a dudas, la posibilidad de repatriar a menores no acompañados. Los socialistas en el PE defendieron una mayor garantía para ellos, tratando de acercar la normativa a la legislación nacional española, una de las más avanzadas al respecto. Como bien sabemos en Ceuta, los menores no acompañados son tutelados por las CCAA, ingresan en centros de acogidas para menores y tienen los derechos y garantías que corresponden a su edad (educación, formación, tutela...etc.).

Sin embargo, la derecha -mayoría en el PE- no ha permitido que salieran adelante estas propuestas ni otras que reconocían mayores derechos y garantías a estas personas en situación clandestina que no son criminales y que sólo buscan un futuro mejor.

Entiendo perfectamente muchas de las críticas que esta legislación ha recibido; no sólo a los Bardem o al Vaticano les hubiera gustado otro tipo de regulación; a muchos de los eurodiputados que esta semana han tenido que votar a favor de ella también; a mí misma me hubiera gustado una legislación más progresista, reflejo de la Europa solidaria y hospitalaria que siempre hemos sido.

Pero no podemos olvidar que esta directiva, el mejor compromiso comunitario al que hemos podido llegar y todo un avance respecto a la situación actual, no deja de ser el resultado de las negociaciones entre los gobiernos de Europa, donde la mayoría son de derecha; es reflejo de la Europa conservadora que nos gobierna.

Y mi pregunta, a todos ustedes y a los que se han movilizado estos días, es: ¿Realmente es esta la dirección en la que queremos que Europa avance en el futuro? ¿Queremos seguir teniendo políticas comunitarias de corte conservador? Si no es así, si queremos vivir en una Europa que siga siendo un referente mundial en el respeto de los derechos humanos, dentro de un año en las elecciones europeas, tenemos una oportunidad para empezar a cambiar el signo de Europa.(*) Licenciada en CC. PolíticasAsesora en el Parlamento Europeo